22/09/2025 La JAP y la FBM

La JAP y la FBM: Su papel en la protección a los sectores más vulnerables
En México coexisten estas dos asociaciones que, en mi experiencia profesional, aportan un servicio relevante hacia sectores de la sociedad que en ocasiones y por distintas razones, no pueden ser atendidas por el Estado, éstas son la Junta de Asistencia Privada (JAP), garante del buen manejo del sector asistencial, y la Fundación Barra Mexicana, A.C. (FBM), promotora del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables mediante servicios legales gratuitos y que son proporcionados por profesionistas en derecho que, en su mayoría, se encuentran colegiados a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C.

No obstante que operan en ámbitos distintos, ambas comparten el propósito de fortalecer el acceso a servicios esenciales con transparencia y responsabilidad social.
La Junta de Asistencia Privada es el órgano por medio del cual el Estado, en la Ciudad de México, ejerce la vigilancia y administración sobre las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), las cuales operan sin fines de lucro con patrimonio propio —como hospitales, asilos o centros educativos— y requieren supervisión especializada para asegurar que cumplan con sus propósitos fundacionales.

El papel que desempeña la JAP es crucial para supervisar la transparencia y rendición de cuentas en las asociaciones de asistencia privada. Lo anterior, en virtud de que estas organizaciones desempeñan un papel vital en el bienestar social, abordando principalmente problemáticas como la pobreza, la educación y la salud, sólo por mencionar algunas.

Hablemos ahora de la Fundación Barra Mexicana, A.C. (FBM) cuyo Consejo Directivo tuve el honor de presidir en el bienio 2017 y 2018. La FBM fue constituida en octubre de 2000 por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (La Barra) para brindar orientación y apoyo jurídico gratuito a sectores en situación de vulnerabilidad, mediante la coordinación del trabajo pro bono entre los abogados agremiados y no agremiados, promoviendo un modelo de justicia accesible.

La FBM busca impulsar el Derecho como herramienta de transformación social, actuando con base en valores de justicia, igualdad, salud, cultura de legalidad y derechos humanos. Y aunque los esfuerzos que realiza por conducto directo de sus abogadas y abogados son importantes, no han logrado, por razones lógicas y ajenas a la propia Fundación, que estos servicios legales lleguen a extenderse de forma masiva.

En la historia reciente, la FBM ha representado a víctimas en casos muy sensibles para la sociedad mexicana, como los de familias que lamentablemente perdieron un integrante durante el sismo de septiembre de 2017, las personas que se encontraban en el edificio ubicado en avenida Álvaro Obregón 286, y las que igualmente perdieron la vida en el Colegio Enrique Rébsamen.

En su momento pude constatar, en mi calidad de presidente del Consejo Directivo de la FBM, que para ambos casos fueron solicitados expertos en materia legal para que los representaran, quienes con alto grado de profesionalismo trataron cada uno de los asuntos, hasta su total conclusión; todos ellos y ellas integrantes de La Barra.

Ahora bien, continuemos con la identificación que existe entre ambos organismos. Aunque cada uno se desenvuelve en un espacio diferente —uno asistencial y otro legal—, existen puntos donde convergen en objetivos y principios:

La JAP vela por que las IAP cumplan con su misión y normas estatales, mientras que la FBM garantiza que el ejercicio legal pro bono se mantenga ético, accesible y sostenible, es decir, las dos se enfocan en el bien social y la transparencia.

En síntesis, la Junta de Asistencia Privada garantiza la vigencia normativa, patrimonial y asistencial de las instituciones filantrópicas en México. Por su parte, la Fundación Barra Mexicana, A.C., impulsa el valor del Derecho como herramienta social mediante la prestación gratuita de servicios legales.

Ambas instituciones, aunque distintas en su enfoque, convergen en el propósito de fortalecer la sociedad mexicana: una asegurando que las IAP cumplan con su finalidad social, otra garantizando que la justicia llegue a quien más lo necesita. En conjunto, tejen una red institucional que refuerza la transparencia, ética y solidaridad en el país e, insisto, impactan en sectores que al propio Estado no le es fácil acceder o que simplemente, sin el apoyo de estas dos, quedarían sin ninguna clase de apoyo u orientación.