14/07/2025 Compliance gubernamental: una estrategia efectiva contra la corrupción

Es ya conocido por todas y por todos que la confianza ciudadana se ha ido perdiendo a través de los lamentables actos de corrupción que han acontecido en nuestro país a lo largo de su historia. Es por ello que es fundamental no sólo combatir tanto la corrupción como la impunidad, sino también revisar y fortalecer las herramientas legales e institucionales que buscan la prevención de la comisión de dichos actos. En este contexto, es que el compliance gubernamental, también denominado public compliance, se perfila como una estrategia clave para prevenir y combatir la corrupción en el sector público.

El término compliance proviene del ámbito anglosajón, y no tiene una traducción textual en nuestro idioma, pero hace referencia, de manera general, al cumplimiento normativo. Aunque su uso es generalmente aplicado en la iniciativa privada —particularmente dentro de las prácticas corporativas—, su adaptación al sector público es muy posible. El compliance, en el caso que nos ocupa, consiste en establecer mecanismos sistemáticos que aseguren la observancia de las leyes y regulaciones aplicables, lo que derivará en una cultura de legalidad, ética y transparencia.

El origen del compliance actual puede observarse con la publicación de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en EU en 1977, como respuesta a escándalos de corrupción que involucraban pagos indebidos a funcionarios públicos. Y aunque se involucraba a personas servidoras públicas de aquel país, en realidad fue diseñado para ser cumplido por las empresas particulares. Con el paso del tiempo, diversos académicos y especialistas han propuesto la adopción del modelo de compliance en el sector público. Este public compliance implica trasladar los principios y procedimientos del cumplimiento corporativo al gobierno, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y reducir las oportunidades de actos indebidos.

En el contexto mexicano, específicamente para la CDMX, el marco jurídico ya contempla un conjunto robusto de normas en materia de responsabilidades administrativas, fiscalización y sanciones a servidores públicos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas de esta ciudad y la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, también de la CDMX, son claros ejemplos de ello. Bajo este panorama, surge una pregunta clave: ¿es necesario establecer un nuevo modelo de compliance gubernamental o basta con aplicar rigurosamente las leyes existentes? La respuesta puede ser dual. Por un lado, el cumplimiento estricto de la normativa vigente por parte de las y los funcionarios ya representa una forma de debida diligencia; por otro, la formalización de procesos sistemáticos de verificación y control —similares al compliance audit empresarial— puede fortalecer aún más la capacidad preventiva del Estado.

Por otro lado, es necesario identificar dentro de la normatividad vigente figuras como son la auditoría interna y el control interno como herramientas equivalentes al compliance en el ámbito público. De acuerdo con la legislación capitalina, los Órganos Internos de Control tienen la tarea de supervisar la correcta aplicación de recursos, prevenir irregularidades y sancionar faltas administrativas. Su independencia funcional respecto a los entes auditados es fundamental para asegurar objetividad y eficacia.

El compliance gubernamental no debe entenderse únicamente como una figura importada del ámbito empresarial, sino como una estrategia viable y compatible con el derecho administrativo mexicano. Si bien la estructura legal vigente ofrece herramientas claras para sancionar y controlar, su fortalecimiento a través de sistemas institucionales preventivos representa una vía efectiva para mitigar la corrupción. Así, más que la creación de nuevas leyes, lo urgente es reformar las existentes para encontrar la modalidad para que figuras como la que se ha mencionado puedan ser aplicables dentro del régimen jurídico que regula la actuación de las personas servidoras públicas. Por supuesto, fomentar una cultura de cumplimiento real y efectivo, en la que tanto instituciones como funcionarios comprendan y asuman que el respeto al marco jurídico no es opcional, sino un pilar esencial de la gobernanza democrática.