1 / 12 / 2025 El “cierre” del gobierno de EU

Como seguramente usted está enterada o enterado, el gobierno de Estados Unidos (EU) incurrió en un cierre o, técnicamente, un shutdown of the federal government, durante 43 días, mismo que ha sido el más largo de la historia. Esto implica la suspensión parcial o completa de actividades, derivada de la terminación del periodo de vigencia de las leyes de asignación presupuestal que rigen a nuestro vecino país del norte y siempre que su Congreso no haya aprobado un nuevo presupuesto, o bien, se genere una resolución que determina que continúe el gobierno por conducto de una entrega de fondos temporal. En pocas palabras, a partir del momento en que sus legisladores no han aprobado el presupuesto, el gobierno debe parar toda actividad no esencial, suspender pagos y solicitar a sus empleadas y empleados que se retiren a sus casas sin goce de salario. Por supuesto, mantienen funciones del gobierno indispensables como la seguridad nacional, seguridad y operación de prisiones, temas de salud, control aéreo, entre otros.

Es importante conocer que el año fiscal en EU concluye cada 30 de septiembre y, como se ha dicho, al no haber aprobado el Congreso su presupuesto, detonó en esta ocasión el primer cierre desde 2019, y fue hasta el 12 de noviembre que se regresó a las actividades normales. Esta interrupción, se dice, se originó por una serie de decisiones políticas derivadas de malas negociaciones entre las y los legisladores, ya que no lograron un acuerdo sobre los rubros y niveles de gasto, así como de determinaciones sobre impuestos y políticas públicas referentes al presupuesto. Nada que nos deba llamar la atención, en virtud de que este tema, sin duda, es materia de alta negociación a nivel político de manera global y en el que los intereses no son únicamente de los gobiernos; también intervienen los de la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera. Ahora bien, en EU, los partidos de oposición generan una especie de amenaza al partido gobernante basado en una posible suspensión de actividades, lo que les agrega un condimento extra a las transacciones. Esta última cesación, se dice que, fue provocada esencialmente por los recortes a programas de asistencia alimentaria, así como hacia el Medicaid, que es el programa de salud pública más grande en ese país y dirigido a personas de bajos ingresos; lo anterior confrontó seriamente a los demócratas con los republicanos.
En los últimos 20 años han existido 4 cierres: en 2013, durante el gobierno de Barack Obama, por 17 días; en 2018, en la primera administración de Donald Trump, por tan solo 3 días; y en una segunda ocasión, en diciembre de 2018 y enero de 2019 —sólo de manera parcial— por 35 días, también con Trump, y finalmente, el que nos ocupa, como se ha dicho, de 43 días. La solución fue mediante la aprobación de un paquete de gasto por parte del Senado norteamericano, para lo cual la Cámara de Representantes (diputados) lo ratificó en una votación muy cerrada de 222 votos a favor contra 209 en contra.

En realidad, los especialistas señalan que no se resolvieron los temas de fondo sobre la controversia del tema de salud, sino que sopesaron el costo financiero y, sobre todo, político que implicaba mantener suspendidas las actividades del gobierno, lo cual afectaba a todas las partes involucradas. Adicionalmente, distintas voces se han manifestado en el sentido de que los shut downs no se derivan de fallas técnicas legislativas, sino de una total disfunción política; subrayan el uso de la aprobación del presupuesto como una clase de chantaje político no bien dirigido, ya que generalmente carece de legitimidad la razón que la motiva. Adicionalmente, no olvidemos a todas aquellas personas servidoras públicas (PSP) que dejan de laborar, lo que les genera incertidumbre económica y erosiona, seguramente, la moral del servicio civil. Una PSP me comentó que le avergonzaba como empleada federal tal situación, que no entendía cómo es que sucedía eso, lo que me motivó a investigar y exponer este tema.

Cada cierre tiene claramente un resultado económico medible, acompañado de un daño reputacional a las partes involucradas, así como la pérdida de la confianza de la población, la misma población a la que se deben los propios legisladores. Aprendamos también de las lecciones y experiencias de nuestros vecinos del norte.